Felipe Caro Pozo

Mg. Políticas Públicas y Seguridad Ciudadana

En las últimas semanas hemos sido testigos de distintos hechos de violencia que han marcado la pauta de las noticias, la discusión pública y que influyen en la percepción de inseguridad de las personas: sensación de aumento de la delincuencia; portonazos: la situación de los migrantes en la frontera; ciudadanos y policías que han matado delincuentes al repeler robos y asaltos; y detenciones ciudadanas en las que las personas han ejercido una suerte de justicia por su propia mano.

Deteniéndonos en este último punto, podemos hacer varios análisis, tanto desde el punto de vista legal como social. Por un lado, desde la perspectiva jurídica, queda claro que los excesos de estas detenciones, como las lesiones, se encuentran fuera del marco legal, que establece los requisitos y circunstancias en que un particular puede realizar una detención, como la existencia de flagrancia en un delito, y siempre con la intención de poner al transgresor a disposición de las autoridades, la policía. En este sentido, todas las otras acciones llevadas a cabo contra el imputado estarían fuera de la ley. 

Ahora bien, podemos decir que detrás de toda ley existe un principio que es el permitir el correcto funcionamiento de la sociedad, donde se mantenga el orden público y no se regrese a los estadios anteriores de la “ley del más fuerte” o el “ojo por ojo”. Si nos remontamos al pasado, los castigos públicos eran herramientas comunes en el tratamiento de los ofensores por parte de los Estados, que funcionaban tanto como disuasión como espectáculo; y existen diversos registros de las torturas a las que se sometía a los detenidos, ya fuera como castigo o para obtener una confesión. Cesare Beccaria, abogado y padre del derecho penal moderno, escribía en el siglo XVIII que para poder superar este primitivismo punitivo y para que una pena no fuera una violencia de uno o de muchos contra un ciudadano, esta debía ser ante todo dictada por las leyes y esencialmente proporcional al delito. 

Pero por otro lado, y más allá de lo jurídico, también debemos preguntarnos por qué ocurren estos fenómenos, tanto de la perspectiva del individuo como del grupo social, pues pareciera que cada cierto tiempo estas manifestaciones ciudadanas que devienen en “linchamientos” reaparecen. Ciertamente podríamos decir que el aumento de la inseguridad, la relevancia y presencia constante que los hechos delictuales tienen en las agendas mediáticas o el stress actual de los individuos, aumentado por la situación de pandemia, son factores relevantes al momento de analizar el estado mental de las personas. Sin embargo, también debiéramos analizar el efecto de otros elementos que se han venido instalando en el imaginario social durante los últimos años, como la llamada “puerta giratoria” o la percepción de que los jueces aplican las leyes con “mano blanda”, administrando sentencias bajas que dejan a los infractores en libertad; o el sentimiento de confianza hacia las autoridades e instituciones encargadas de ejercer la seguridad pública en el país, ya sea a través de la formulación y aplicación de las leyes o de llevar a cabo las labores de control social formal, como los políticos, el gobierno central y los gobiernos locales, los tribunales de justicia y carabineros, sentimiento que ha ido a la baja en los últimos años. Y esto sin considerar otros aspectos que también han sido criticados por distintos sectores de la sociedad, como el problema de las cárceles y la aparente poca eficacia de los programas de rehabilitación y reinserción social. Estos factores han favorecido en la construcción de una imagen social de que nada funciona en materia de control al delito. 

Con todo, uno de los efectos de esta problemática es el surgimiento, especialmente en periodos de elecciones, de propuestas aparentemente innovadoras pero que también responden a un populismo penal: aumento del control social y de las atribuciones policiales, intensificar la dureza de las leyes y la aplicación de más “mano dura” o incrementar el gasto público en nuevas tecnologías, lo que conlleva una mayor desigualdad entre los sectores con más recursos y aquellos que tienen menos. 

Más allá de las discusiones teóricas, las estrategias de prevención y control de los delitos y la violencia no han encontrado aún una respuesta satisfactoria; sin embargo, los hechos mencionados deben orientarnos a buscar soluciones más integrales, que involucren a la sociedad y las distintas dimensiones de la seguridad, tanto en sus aspectos formales como comunitarios.  

By Editor

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