Por Claudia Hasbún, directora nacional ANEF, vicepresidenta de modernización del Estado

El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Modernización del Estado, lanzó una consulta pública sobre el anteproyecto de modernización al empleo público, que estará disponible hasta el próximo 28 de enero. Encuesta que presenta deficiencias metodológicas en cuanto a sus preguntas que están formuladas sin presentar alternativas dicotómicas y tienden a conducir las respuestas hacia la validación del modelo ideológico que desean implementar.

Dicha reforma, que a la fecha solo se conoce una minuta de posición por parte del gobierno es, a todas luces, pobre. Su aplicación no resolvería ni las demandas sociales de la ciudadanía, ni mejoraría las condiciones laborales de las y los funcionarios públicos.

Los desafíos de una modernización del Estado son muy superiores y no pueden limitarse sólo a la flexibilización de la evaluación del desempeño para argumentar despidos y bajar los costos, ante la reciente legalización de la aplicación de tutelas laborales en el sector público. Toda reforma de esta magnitud debe ser desarrollada con participación directa y real de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), protagonista de esta discusión.

Excluir a quienes tienen relación directa con una reforma da cuenta de un diseño ideológico elaborado por un sector político, que solo pretende jibarizar al Estado para resguardar su modelo económico, sin darle valor a las relaciones laborales ni mucho menos tener la real intención de  acercar los servicios públicos a la ciudadanía. Esto, por cuanto no consideran a quienes están gobierno tras gobierno enfrentando el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Las y los funcionarios públicos sabemos bien cómo transformar la administración del Estado, pues, nuestro conocimiento acumulado va mucho más allá que el que puedan alcanzar las autoridades de un gobierno de turno.

Además, una reforma de esta magnitud debería ser posterior al proceso refundacional que se está llevando a cabo en Chile. En la nueva Constitución, se definirán aspectos tan importantes como el rol del Estado y su organización política, administrativa, financiera y territorial. En consecuencia, automáticamente surgirá la necesidad de revisar, como segunda instancia, la normativa que rige y ordena nuestra actual administración pública para que ella se ajuste al nuevo Chile.

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