Felipe Caro Pozo

Mg. en Políticas Públicas y Seguridad Ciudadana.

En los últimos años se ha escrito bastante sobre la desigualdad en Chile, entendida como la diferencia, o “brecha”, entre los que tienen más y los que tienen menos. De acuerdo a la ONU, no se trata solamente de un abismo en cuanto a ingresos o patrimonio, sino también del acceso a oportunidades, educación, vivienda, servicios e incluso prestaciones del Estado. En este sentido la desigualdad, que ha venido en crecimiento de forma global desde los años 80, también puede evidenciarse en la posibilidad de contar con programas y mecanismos de prevención del delito y las violencias por parte de la población, expresados tanto en la oferta de los gobiernos locales, los municipios, en sus territorios  como en las ofertas privadas de seguridad.

La importancia de este fenómeno es que distintas investigaciones realizadas en los años 90 y a principios del s.XXI, tanto a nivel nacional como internacional, dieron cuenta de que las políticas nacionales de seguridad son inefectivas, y se necesitaban planes específicos sectoriales, pues cada territorio, e incluso cada barrio, se comporta de forma distinta en materia de percepción de inseguridad y estrategias comunitarias de gestión de los delitos, violencias e incivilidades. Por ejemplo, los habitantes de barrios más acomodados declaraban sentir menos temor al delito al contar con herramientas como alarmas, cámaras y servicios de seguridad municipales y privados; mientras que habitantes de barrios menos acomodados, que no contaban con estos recursos, utilizaban otros que tenían a su alcance, como instalación de rejas, protecciones y adquisición de perros con fines de resguardo. Un estudio de la Asociación Chilena de Municipalidades del año 2015 reveló que de 280 municipalidades, sólo 94 contaban con un área dedicada específicamente a la seguridad, y de las que no tenían, un gran porcentaje declaró que la razón era la falta de recursos. Lo mismo ocurría con la posibilidad que tenían los Municipios de trabajar de forma más coordinada con Carabineros y Policía de Investigaciones, elaborar diagnósticos comunales de seguridad o contar con, e interpretar, información delictual a nivel local. 

Como forma de abordar estas diferencias y aplicar un modelo de prevención a nivel local, entre los años 2014 y 2018 se llevaron a cabo los Planes Comunales de Seguridad Pública, que venían a subsanar la “deficiente capacidad de gestión en seguridad pública de municipios a nivel técnico, financiero y de coordinación, en el marco del abordaje de la seguridad pública, la prevención, el control del delito y la violencia en comunas urbanas”. Estos Planes permitían la transferencia de recursos a los municipios para ejecutar proyectos de prevención del delito en el territorio, tanto psicosociales (programas de mediación comunitaria, atención a víctimas, reinserción social) como situacionales (recuperación de espacios públicos, instalación de iluminación peatonal, adquisición de vehículos de patrullaje preventivo) así como también la contratación de profesionales que se hicieran cargo de los mismos. Asimismo, en Octubre de 2016 se promulga la ley 20.905 que crea los Consejos Comunales de Seguridad Pública, instancia que busca fortalecer la idea de la coproducción en materias de prevención a nivel local, estableciendo una reunión mensual en cada comuna entre autoridades locales, representantes de organismos del Estado, policías y la comunidad para tratar estas temáticas, lo cual es relevante puesto que los avances en seguridad en los territorios no se expresan solamente en la disminución de la inseguridad y confianza en las autoridades, sino que también en la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento del entramado comunitario y en general una mejor calidad de vida. 

Sin embargo, con la finalización de los Planes Comunales el año 2018, muchos municipios volvieron a quedar sin recursos para seguir ejecutando proyectos de seguridad y mantener un equipo de profesionales de dicha área. Así, en algunos casos la única opción de obtener estos recursos para seguridad es a través de la postulación a fondos concursables como el Fondo Nacional de Seguridad Pública o el 6% del Gobierno Regional. 

En este escenario de la prevención de los delitos a nivel comunal es lógico, por lo tanto, que los municipios que cuentan con más recursos puedan invertir en más y mejores estrategias y proyectos de control, innovación, disuasión y prevención, con un enfoque predominante en los aspectos tecnológicos (cámaras, drones, globos y vehículos de patrullaje) y luego en recursos humanos: personal que opere las cámaras, realice patrullajes, contar con Direcciones u Oficinas de Seguridad, con personal y profesionales idóneos. Con esto, no es de extrañar que en la prensa encontremos notas acerca de “las carreras por la seguridad” de las comunas más ricas o titulares como “Comunas compiten por tener más cámaras de seguridad: Las Condes y Santiago a la cabeza”. Finalmente, la pregunta es ¿qué nos depara el futuro en materia de seguridad? Y luego, ¿se acortará la brecha entre los más favorecidos y los que tienen menos, en esta y otras áreas?

By Editor

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