Leopoldo Sánchez Grunert

Ex Diputado de Aysen

Los propósitos de las Naciones Unidas son, según su Carta constitutiva, son mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar entre las naciones relaciones de amistad; cooperar para resolver problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Estos propósitos comunes  fueron ratificados y aclarados en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en  el año 2000. Actualmente, las actividades de las Naciones Unidas se radican en tres áreas: paz y seguridad; desarrollo, y derechos humanos y democracia.

A medida que nos adentramos en el siglo XXI, surgen nuevos desafíos. Nos enfrentamos a la vez con viejas y nuevas amenazas a la paz y la seguridad internacionales; los líderes mundiales han reconocido la pobreza como el mayor de los problemas que enfrenta el mundo en el nuevo siglo, y los valores fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y responsabilidad compartida son ahora valores comunes mediante los cuales se puede avanzar hacia un mundo mejor.

En cada una de esas áreas, el ambiente y los recursos tienen un papel central. Las amenazas a la seguridad común incluyen ahora las llamadas “amenazas blandas”: degradación ambiental, agotamiento de recursos, enfermedades contagiosas y corrupción, por nombrar sólo unas pocas.

Ahora se reconoce que la degradación ambiental y tanto la escasez en algunos como la abundancia de recursos en otros son fuentes potenciales de conflictos pero también fuente de cooperación– y deben ser atendidas de manera más sistemática en este contexto. El acceso al agua dulce y a servicios de saneamiento son una precondición para alcanzar otros objetivos.

En ningún lugar es este asunto más importante que en Medio Oriente, donde el agua se considera un recurso “estratégico” y las tensiones por ella entre los países de la región son altas. Allí, el agua se ha vuelto una cuestión política, y todos los acuerdos de paz propuestos o firmados en los últimos años se refieren al agua.

Esto ha llevado a algunos a realizar el pronóstico –atribuido al ex secretario general de las Naciones Unidas, Boutros  Ghali, y al difunto rey Hussein de Jordania– de que “la próxima guerra en Medio Oriente será por el agua”. Este discurso se ha apoderado de la imaginación pública y ha causado gran preocupación en las instituciones de inteligencia de diversos países, los cuales temen que el agua y otros recursos escasos se conviertan en causa de guerras internacionales.

Pero, habiendo sido mencionada casi al pasar en la declaración del milenio, como una de las amenazas blandas, las enfermedades contagiosas y particularmente aquellas con características de pandemia como la que estamos experimentando a nivel planetario pasando de ser amenaza blanda a grave conmoción mundial que ha remecido hasta los cimientos a todos los países  por muy poderosos que estos sean desde el punto de vista económico y/o militar.

En el año 2010 ,las Naciones Unidas  declaró “El acceso seguro al agua potable y al saneamiento, son derechos humanos fundamentales para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos”. Para  quienes lo tenemos, la resolución nos parece una obviedad. Pero la realidad es distinta en países en desarrollo, donde cientos de millones de personas carecen de un derecho que no debieran mendigar. Lo advierte las  NU recordando que el acceso al agua y al saneamiento es un  derecho, no una  mercancía. Los cinco mil niños que a diario mueren por carecer de él, exigen hacer lo imposible. Si queremos que el derecho al agua llegue al último confín de la tierra hay que actuar desde ya. No extraña, pues, que en las agendas internacionales el agua gane actualidad. Las NU, a fines del 2015, año de cierre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ha lanzado los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) mirando hacia el 2030. En ellos el agua gana visibilidad con relación a los ODM. 

 Como no podía ser de otro modo, las  NU han alineado los objetivos de losODScon sus resoluciones. Y así,  garantizar el derecho universal al agua  implica un esfuerzo titánico.. Lo evidencia un reciente informe del Foro Económico Mundial. En un contexto más amplio al de los ODS, ha identificado las crisis del agua como uno de los grandes retos que en las próximas décadas el mundo afrontará. En competencia con problemas del calibre de la creciente desigualdad económica o la falta de adecuación al cambio climático, ocupa el segundo lugar por probabilidad de ocurrencia de graves conflictos y el cuarto lugar por las dimensiones de su impacto. Dada su urgencia y dimensión, convendrá acertar en la estrategia para abordarlo. Nada al respecto dice las NU, que sí advierte de erróneas interpretaciones del derecho universal al agua. Como que no supone gratuidad, aunque matiza que su pago no debe superar el 3% de los ingresos.  

Y, cual es la situación en Chile, nuestro país?

El 60% de escasez de agua en Chile es causada por una mala gestión del recurso, aumento de demanda y el sobreotorgamiento de derechos. … “El 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, 2,5% corresponde a agua dulce y 0.62% al agua disponible para consumo humano, agrícola e industrial.

 La creación de un mercado del agua sobre la base de criterios meramente mercantilistas, constituye una de las consecuencias más importantes de dicha transformación en los últimos 30 años. La demanda comunitaria, expresada a partir de  los años 90, en cuanto a un mejor control sobre el uso de los recursos hídricos, está hoy día en el centro de la reivindicación ciudadana, que exige más y mejores respuestas por parte del poder político.

Chile es uno de los países privilegiados en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos de superficie a nivel mundial y cuenta con una de las mayores reservas de este recurso en Campos de Hielo Norte y Sur, en la zona austral. Sin embargo, este patrimonio está irregularmente distribuido en el territorio nacional, a causa de las diversas condiciones físicas y climáticas. Mientras la zona norte es sumamente árida, con una disponibilidad de recursos hídricos de menos de 50 m3/habitante/año, en la zona sur existen zonas de gran abundancia, con niveles que superan los 160.000 m3/habitante/año. Por ello es que en la zona norte los conflictos por el acceso y propiedad del agua han confrontado históricamente a las comunidades locales indígenas y campesinas con las empresas mineras. Conflictos que de no solucionarse a través de la desalinización y uso de aguas marinas para la próxima oleada de expansión minera, pueden convertirse en tensiones de carácter étnico y fronterizo con los países vecinos.

Pero abordar la propiedad del agua, es un tremendo tema.
Hay un  muy  desigual ejercicio de asignación y derechos sobre el agua el que  ha sido favorecido por el marco jurídico establecido en el Código de Aguas, que define simultáneamente al agua como un bien nacional de uso público y como bien económico, lo que faculta su gestión según las pautas y códigos de la propiedad privada, resguardada constitucionalmente. Esta definición promueve la regulación del uso y acceso a los recursos hídricos principalmente a través del “mercado del agua”, donde prima la dinámica de la oferta y la demanda, por encima de la satisfacción de las necesidades de la población y los debidos resguardos ambientales que se requieren para asegurar la existencia de un recurso vital y escaso.

Este marco jurídico debe cambiar  y en la nueva constitución política deberá quedar claramente establecido como un bien de derecho público y no una mercancía.

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